Zihuatanejo, historia de una lucha por el medio ambiente

Van cinco intentos de privatización que los ciudadanos organizados han logrado contener     *

Durante cuatro años, la Rogaz defendió los espacios naturales ante la empresa Fonatur Operadora Portuaria   *

HERCILIA CASTRO

Muelle de Azueta. Foto Hecilia Castro.

Apunto de cumplir cuatro años de batalla por la privatización de la bahía de Zihuatanejo, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) se entera de que por fin, luego de más de un año, se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la inexistencia de la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, particular contra la cual entablaron una lucha social y legal.

La lucha se remonta al 13 de febrero del 2011. Los pescadores y nativos se han enterado de que el Diario Oficial de la Federación se publicó con fecha 11 de enero de ese año que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó una concesión a la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV en la cual se da la explotación, uso, administración del recinto portuario y fondeo de las aguas de Azueta, incluyendo el espejo de agua de la laguna de Barra de Potosí, en municipio de Petatlán.

Un total de 9 mil directo afectados, pues dicha concesión abarcaba litoral de comunidades como San Miguelito, La Barrita, Pantla, Barrio Viejo, Barrio Nuevo, Playa Blanca, Playa Larga, Buenavista y Playa Linda, donde los pescadores de antaño han laborado por más de 50 años.

Las reacciones de la gente no se han hecho esperar, pues la forma en que se enteraron de que la bahía fue entregada a una particular, fue a través de los diarios, el alcalde en turno, el priísta Alejandro Bravo Abarca ni siquiera les dijo que desde meses atrás, con fecha 10 de octubre de 2010, ya se había dado la autorización, publicada después en el DOF con fecha 11 de enero del 2011.

“Nosotros hemos vivido siempre del mar, toda nuestra vida hemos vivido del mar, no tenemos estudios, no sabemos la letra como otros”, argumenta un pescador.

En febrero de 2011, a un mes de haberse enterado de que el municipio concesionó al Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, la administración del recinto portuario, incluyendo las 17 hectáreas de la laguna Las Salinas, ambientalistas, pescadores y población en general reactivaron su oposición y empezaron la defensa del espacio.
Obdulia Balderas Sánchez, presidenta de la Rogaz relata que la lucha por la defensa del litoral azuetense no es nueva, y en el caso de la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV era más difícil la defensa debido a que se enfrentaban con un decreto oficial, cuenta en entrevista.

“Nosotros nos enteramos a través de los medios que se había dado la concesión a la Fonatur Operadora Portuaria y fue cuando nos alertamos. Alejandro Bravo no nos dijo de que la administración era particular, privada, porque eso fue una privatización”, cuenta.

El 24 de agosto de 2011, luego de meses de discusión con la empresa y de no tener respuesta de las autoridades estatales y federales para solicitar la revocación de la concesión, cerca de 800 pescadores y lugareños deciden tomar las instalaciones portuarias y hacer un paro indefinido hasta tener soluciones claras.

Sin embargo, la toma que sería realizada en el transcurso de la madrugada, se opacó pues al llegar a las instalaciones de la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, unos 15 policías Estatales rodeaban las instalaciones desde horas antes. A pesar de la amenaza latente, los opositores a la particular, confrontaron a gritos de rechazo a la empresa “Fuera Fonatur, fuera Fonatur”, era el grito de guerra de pescadores versus estatales.

Luego de cuatro días del plantón indefinido de los hombres del mar, el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, envía a su subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide para deshacer la protesta.

Después de siete horas de discusiones, y en que los pescadores junto con la Red de Organizaciones Ambientalistas expusieron el porqué de su rechazo a la operadora Portuaria, Aguirre Alcaide mostró un oficio emitido con el número PE/SP/013/2011, donde Aguirre Rivero se dirige al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes Dionisio Pérez-Jácome Friscione, para solicitar, que se revoque la concesión otorgada a la empresa Fonatur.

“En mi carácter de gobernador constitucional le vengo a solicitar tenga a bien revocar el título de concesión otorgada a la empresa Fonatur operadora portuaria”, se lee en el oficio con la firma del ex mandatario.

Una de las múltiples protestas. Foto Hercilia Castro.

A pesar de la oposición a la privatización en ese momento de su bahía por parte de la particular, Aguirre Alcaide dijo que “no se levantarían cargos contra los opositores a la concesión si levantaban el plantón” esa misma noche y liberaban las instalaciones, lo que causó molestia entre los opositores y ambientalistas.

María de Lourdes Armenta Solís y Balderas Sánchez de la organización Rogaz explican que la visita en ese agosto de 2011 se debió a la presión social, no a la disposición política de Aguirre Rivero, quien desde meses atrás sabía la existencia del conflicto en Azueta.

“Claro, claro que fue después del plantón que Aguirre puso atención, no antes, y fue por eso que hizo la solicitud de revocación”, dice Armenta Solís.

Ahonda: Yo creo el daño más fuerte era la privatización de la concesión porque recuerda que abarcaba el recinto portuario, aguas adyacentes que incluyen la Isla de Ixtapa, Playa Linda, y hasta Barra de Potosí en Petatlán. De manera general se afectaban el derecho al libre tránsito, derecho al trabajo, a un medio ambiente sano y a la salud, principalmente”.

Las ambientalistas que llevan al frente de la lucha y organización social más de 10 años cuentan que no fue fácil el trabajo de organización, pues incluso durante la resistencia sufrieron de amenazas, teniendo que recurrir a la intervención de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) y organizaciones internacionales.

Balderas Sánchez es más suspicaz, pues ha visto la degradación de los recursos naturales y costeros en el puerto, pues lleva viviendo más de 40 años en ese lugar: “Nosotros siempre hemos insistido en que esto es un plan con maña, que es parte de seguir el plan del espigón de Puerto Mío –un complejo desde 1994 que dañó parte de las corrientes marinas al poner un muro de concreto de 80 metros en la bahía- pero siempre hemos insistido en defender y apoyar a los pescadores porque son ellos quienes viven principalmente de la bahía, y todos vivimos de ella, ella es nuestra madre, sin ella no hay turismo, y Zihuatanejo vive del turismo”.

“Pero los grandes intereses, el gobierno federal siempre ha insistido a través de Fonatur –Fondo Nacional de Turismo- en desplazar, convertir a Zihuatanejo en otro Ixtapa y eso no se puede. Cuando se hizo el desarrollo Ixtapa, el fundo legal de 1972, expropiaron las tierras de los campesinos y se quedaron con los brazos cruzados, porque Fonatur no ha pagado el 10 por ciento de las tierras expropiadas, y eso es un problema. Muchos ejidatarios ya se murieron en la pobreza, porque les quitaron su forma de vida, y otros tuvieron que convertirse en turisteros, entonces todos viven de la bahía, y por eso debemos cuidarla, defenderla”, recalca la presidenta de Rogaz.

La ambientalista, ahonda en que en el caso de la concesión que otorgó la SCT a la empresa Fonatur SA de CV las irregularidades eran notorias, desde el acta constitutiva en la que la empresa cambia de titular y nombre hasta las disposiciones para los hombres de mar como el cobro por entrar, salir, llevar pasaje y regresarlo, pues ese ingreso iría directamente a la particular, así como la restricción de entrada y salida al lugar por el que durante más de 50 años, ha sido su área de trabajo.

Tales disposiciones que están en el documento referente a las reglas de operación, la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, expone en la regla 23 que “El ingreso de personas y vehículos al recinto portuario, será controlado a través de credenciales permanentes de uso habitual y pases de visitante para uso ocasional proporcionados por la administración portuaria”, es decir, por la particular.

Refiere que la expedición y renovación de credenciales para los prestadores de servicio y usuarios, se deberá solicitar por escrito a la empresa, incluyendo los datos generales de sus trabajadores, copia de la libreta de mar vigente y tendrá el costo de un día de salario mínimo más el IVA, incluyendo la reposición por extravío. También, en la regla 29 de dicho documento “Los vehículos que ingresen al recinto portuario, deberán contar con una póliza de seguros vigente que cubra daños a terceros”.

En el reglamento, se prohíbe la reparación de embarcaciones en sus lugares de amarre o en los muelles, así como pernoctar en el muelle, “la falta de dos pagos consecutivos será motivo de cancelación inmediata del espacio y se asignará a otro usuario”.

También, se prohíbe el acceso a vendedores ambulantes o el reparto de volantes de propaganda adentro del recinto portuario, la presencia de toda persona ajena a las operaciones, la realización de juegos de azar (costumbre arraigada en la cultura del pescador), realizar actividades recreativas o deportivas (nado y pesca) dentro de los límites, así como actividades de natación, buceo y pesca deportiva o comercial.

Las aplicaciones comprendían que “el recinto portuario del puerto de Zihuatanejo, aguas adyacentes, así como la Barra de Potosí”, están concesionadas a la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV.

También, la particular hacía referencia a que es una empresa de participación estatal mayoritaria, con una tenencia compuesta por un capital de 25 accionistas –de los cuales nunca se supo su origen, y de las cuales, 24 correspondían a Nacional Financiera.

Balderas Sánchez enfatiza con mirada sabia que antes de la solicitud de revocación que hizo Aguirre Rivero a la SCT, “previo tuvimos una reunión con el gobernador, con el Frente de Masas Populares de Guerrero en Chilpancingo. Nos invitó el compañero Monroy –Javier Monroy coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario- y por eso fuimos, y ahí, le expuse el problema al gobernador pero no hubo avances”.

“No hubo avances y fue hasta después del plantón que ya manda a Aguirre Alcaide, estuvimos en el Fibazi y entonces nos mostró el oficio que ese mismo día manda a la SCT, pero no hubo resultados, no le hicieron aprecio o no insistió y la concesión siguió”, dice.

Balderas Sánchez continúa “Aguirre no se pronunció hasta después del plantón que se hizo”, luego que por dos días los hombres del mar decidieran paralizar el puerto.

“La renuncia a la API (Área Portuaria Integral) fue el 23 de mayo de 2013, la operadora renuncia a la concesión por la resistencia y el 30 de mayo Fonatur responde formalmente al capitán de Puerto de la SCT, Jorge Rojano Rodríguez.

El oficio lo firma Israel Soberanis Nogueda, de Fonatur y en ese entonces la administradora de la Fonatur SA, era María Marisa Abarca Hernández”, complementa.

Relata que a pesar que ya tenía días que la empresa Fonatur Operadora Portuaria SA de CV ya había renunciado a la concesión, el alcalde priísta Eric Fernández Ballesteros no les informó y fue por medio de la capitanía de Puerto que se enteran de la salida de la particular, “y en esto se sienta Eric y no dice nada, siempre diciendo que la concesión seguía vigente”.

“Eric no quiere dar el crédito de que fue por la resistencia, por la oposición que se fue la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, porque era obvio les estaba dando por su lado para obtener un beneficio”, asegura.

Armenta Solís explica que el triunfo a cuatro años contra la privatización de la bahía de Zihuatanejo, publicada en un decreto bajo la administración del ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa “La forma oficial y pública de la renuncia de la Fonatur Operadora Portuaria es el hecho de que queda anulada y es a través del Diario Oficial de la Federación.”

“Igualmente queremos recalcar, es el derecho de los pueblos a decidir que se afecta, hay oposición porque los pueblos no quieren ese tipo de crecimiento que los excluye”, dice.

El pasado 31 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF un oficio mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza cobrar para el ejercicio fiscal 2014 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el esquema de “aprovechamientos los conceptos y montos que enterarán las distintas Administraciones Portuarias Integrales, así como los concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para APIs (Áreas Portuarias Integrales)”.

«Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos.- Unidad de Política de Ingresos No Tributarios.- Oficio No. 349-B-331” y que se dirige a José Armando Ruiz Massieu Aguirre, Director General de Programación Organización y Presupuesto de la SCT, para informar de las Apis autorizadas.

“Que la DGP, mediante oficio No. 7.3.-1576.13 de fecha 23 de mayo de 2013, comunicó la renuncia del Título de Concesión de la API Ixtapa-Zihuatanejo, por lo que ya no se fija un aprovechamiento para esta API se marca en el punto seis”.

En la lista de Áreas Portuarias Integrales de litoral costero mexicano, no aparece más la concesión a la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV de Zihuatanejo. Es decir, no existe más.

La resistencia popular de Zihuatanejo logra así, su quinto triunfo contra los intentos de privatización que han querido hacer desde la federación, por medio de la vía pacífica, mediática, organizacional y legal.